LEY GENERAL SOBRE EL VIH-SIDA

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

Título I
Disposiciones Generales

Capítulo Único
Objetivo de la Ley

ARTÍCULO 1.- Objetivo
La presente ley tiene por objetivo la educación, la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico, la vigilancia epidemiológica y la atención e investigación sobre el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o Sida; además, trata de los derechos y deberes de los portadores del VIH, los enfermos de Sida y los demás habitantes de la República.

ARTÍCULO 2.- Definiciones
VIH: virus de inmunodeficiencia humana causante de la enfermedad denominada Sida. El término se utiliza además para describir al grupo de portadores del virus, que no han desarrollado aún síntomas ni signos de la enfermedad, es decir, pacientes asintomáticos.

Sida: término que define la enfermedad o al grupo de pacientes que la padecen.

VIH-Sida: incluye los casos de personas infectadas por el virus, pero unas son asintomáticas y las otras ya han desarrollado la enfermedad.

Infectado: una persona contagiada por el virus.

Seropositivo: término que describe la aparición de anticuerpos en el suero del paciente, que permiten diagnosticar el estado de infección por un agente, mediante una prueba de laboratorio.

Portador: persona que tiene en su organismo un microorganismo o una enfermedad.

Antirretrovirales:grupo de medicamentos que actúan, específicamente, contra el VIH, inhibiendo su reduplicación.
Allegado: persona con la que habitualmente se relaciona el paciente.

Pruebas positivas: exámenes de laboratorio que reportan la existencia de evidente infección por el VIH.

Tratamiento ambulatorio: terapia que el paciente recibe sin necesidad de internarse en un centro de atención de la salud.

Enfermedad infectocontagiosa: enfermedad producida por la transmisión del agente causal que la causa, ya sea por contacto directo con la persona afectada o por otra vía, como el aire, los alimentos, el agua, u otras.

Título II
Derechos fundamentales, VIH y Sida

Capítulo Único
Derechos de las personas infectadas

ARTÍCULO 3.- Respeto de los derechos fundamentales
Las acciones relacionadas con la prevención y atención del VIH y el Sida garantizarán el respeto de los derechos fundamentales de las personas infectadas y de todos los habitantes de la República.

ARTÍCULO 4.- Prohibición de discriminación o trato degradante
Prohíbese toda discriminación contraria a la dignidad humana y cualquier acto estigmatizador o segregador en perjuicio de los portadores del VIH-Sida, así como de sus parientes y allegados.
Asimismo, se prohíben las restricciones o medidas coercitivas de los derechos y las libertades de las personas infectadas por el VIH-Sida, excepto los casos previstos en esta ley relativos a comportamientos riesgosos o peligrosos de estas personas.
Salvo las excepciones contenidas en esta ley, a todo portador del VIH-Sida le asiste el derecho de que no se interfiera en el desarrollo de sus actividades civiles, familiares, laborales, profesionales, educativas, afectivas y sexuales, estas últimas de acuerdo con las respectivas recomendaciones de protección.

ARTÍCULO 5.- Regulación de derechos y obligaciones
Toda persona portadora del VIH-Sida tiene los derechos y las obligaciones consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales sobre derechos fundamentales ratificados por Costa Rica, los estipulados en la Ley General de Salud, esta ley y demás legislación relacionada con la materia.
La violación de cualquier derecho o garantía será denunciable ante las autoridades judiciales, para reclamar las responsabilidades penales, civiles y administrativas del caso.

ARTÍCULO 6.- Derecho a información sobre la salud
Todo portador del VIH-Sida tiene derecho a contar con información exacta, clara, veraz y científica acerca de su condición, por parte del personal profesional y técnico.

ARTÍCULO 7.- Derecho a la atención integral en salud
Todo portador del VIH-Sida tiene derecho a asistencia médico-quirúrgica, psicológica y de consejería; además, a todo tratamiento que le garantice aminorar su padecimiento y aliviar, en la medida de lo posible, las complicaciones originadas por la enfermedad.
Para lo anterior, la Caja Costarricense de Seguro Social deberá importar, comprar, mantener en existencia y suministrar directamente a los pacientes los medicamentos antirretrovirales específicos para el tratamiento del VIH-Sida.
Los médicos tratantes deberán presentar, a la Caja Costarricense de Seguro Social, reportes sobre la aplicación de dichos medicamentos. El reglamento de esta ley determinará condiciones, periodicidad y demás requisitos de esos informes.

ARTÍCULO 8.- Confidencialidad
Con las excepciones contenidas en la legislación, la confidencialidad es un derecho fundamental de los portadores del VIH-Sida. Nadie podrá, pública ni privadamente, referirse al padecimiento de esta enfermedad, sin el consentimiento previo del paciente.
El personal de salud que conozca la condición de un paciente infectado por el VIH-Sida, guardará la confidencialidad necesaria referente a los resultados de los diagnósticos, las consultas y la evolución de la enfermedad.
El portador del VIH-Sida tiene derecho a comunicar su situación a quien desee; sin embargo, las autoridades sanitarias deberán informarle su obligación de comunicarlo a sus contactos sexuales y advertirle, a su vez, sus responsabilidades penales y civiles en caso de contagio.

ARTÍCULO 9.- Excepción de la confidencialidad
Para efectos exclusivamente probatorios en un proceso penal o de divorcio en materia de familia y a solicitud de la autoridad judicial competente, el personal de salud que atienda al paciente con VIH-Sida deberá reportar la situación de infección por el VIH, con el debido respeto a la dignidad humana del paciente.

ARTÍCULO 10.- Derechos y condiciones laborales
Queda prohibida toda discriminación laboral contra cualquier trabajador con VIH-Sida. En caso de desarrollar alguna enfermedad que le impida continuar con sus actividades habituales, recibirá el trato establecido en la legislación laboral vigente.
Ningún patrono, público o privado, nacional o extranjero, podrá, por sí mismo ni mediante otra persona, solicitar dictámenes ni certificaciones médicas a los trabajadores sobre la portación del VIH para obtener un puesto laboral o conservarlo.
El empleado no estará obligado a informar a su patrono ni compañeros de trabajo acerca de su estado de infección por el VIH. Cuando sea necesario, podrá informarlo a su patrono, quien deberá guardar la debida confidencialidad y, en su caso, procurar el cambio en las condiciones de trabajo para el mejor desempeño de las funciones, según criterio médico.

ARTÍCULO 11.- Derechos en los centros de enseñanza
Ningún centro educativo, público ni privado, podrá solicitar pruebas ni dictámenes médicos sobre la portación del VIH como requisito de ingreso o permanencia. Ningún estudiante podrá ser discriminado, excluido ni expulsado por ser portador del VIH o estar enfermo de Sida; tampoco cuando alguno de sus familiares o allegados resulte infectado.

ARTÍCULO 12.- Registro expedito de la medicación antirretroviral
Los medicamentos para el tratamiento del VIH-Sida deberán ser inscritos, mediante un trámite expedito, en los registros que para el efecto lleva el Ministerio de Salud, siempre que estas medicinas hayan sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos de América (FDA) y el Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) de la Unión Europea. El procedimiento mencionado se regirá por el reglamento de esta ley.

Título III
Prevención y Atención

Capítulo I
Acciones de Prevención

Sección I
La Prueba

ARTÍCULO 13.- Carácter de la prueba
Las pruebas para el diagnóstico clínico de la infección por el VIH y sus resultados serán confidenciales entre el médico, el personal del sector salud involucrado y el paciente, con las excepciones establecidas en esta ley.

ARTÍCULO 14.- Autorización excepcional para la prueba
La prueba diagnóstica de infección por el VIH no es obligatoria, salvo en los siguientes casos:
a) Cuando exista, según el criterio médico que constará en el expediente clínico, necesidad de efectuar la prueba exclusivamente para atender la salud del paciente, a fin de contar con un mejor fundamento de tratamiento.
b) Cuando se requiera para fines procesales penales y de divorcio, previa orden de la autoridad judicial competente.
c) Cuando se trate de donación de sangre, hemoderivados, leche materna, semen, órganos y tejidos.

En los casos anteriores, los resultados de la prueba se utilizarán en forma confidencial.

Sección II
Vigilancia Epidemiológica

ARTÍCULO 15.- Obligación de comunicar
Exclusivamente para fines epidemiológicos y estadísticos, los médicos, microbiólogos, directores de los servicios de salud y los directores o responsables de laboratorios que atiendan casos de detección del VIH, deberán informar sobre las pruebas que resultaron positivas, al Ministerio de Salud, el cual elaborará los formularios oficiales para los fines indicados y los distribuirá.

ARTÍCULO 16.- Formalidades de la comunicación
Para proteger la identidad de las personas infectadas, la información relativa a la vigilancia epidemiológica del VIH será codificada y confidencial. Toda comunicación será escrita, para garantizar la uniformidad en los trámites, según el sistema de reporte que el Ministerio de Salud establezca.

ARTÍCULO 17.- Notificación al paciente
El médico tratante o el personal de atención en salud capacitado que informe a un paciente sobre su condición de infección por VIH, deberá indicar, además del carácter infectocontagioso de esta, los medios y las formas de transmitirla, el derecho a recibir asistencia, adecuada e integral, en salud y la obligatoriedad de informar a sus contactos sexuales.
Para ese efecto, el médico tratante o el personal de salud deberá proveer a la persona infectada por el VIH la información necesaria que deberá facilitarles a sus contactos y la forma de hacerlo.
Cuando el paciente no quiera o no pueda comunicar el resultado de su diagnóstico por lo menos a sus contactos sexuales actuales, el personal de atención en salud deberá realizar las gestiones posibles, a fin de lograr dicha notificación.
La notificación deberá realizarse de tal modo que respete la confidencialidad de las personas involucradas.

Sección III
Control de sangre, hemoderivados, leche
materna, semen, órganos y tejidos

ARTÍCULO 18.- Gratuidad de la donación
Toda donación de sangre, leche materna, semen, órganos y tejidos siempre deberá ser gratuita. Se prohíbe la comercialización de estos productos.
El Ministerio de Salud ejercerá los controles correspondientes.

ARTÍCULO 19.- Acciones de los bancos
Para prevenir la transmisión del VIH, los bancos de productos humanos deberán ejercer control sobre la calidad y los procesos que apliquen, con el objeto de procurar garantizar la inocuidad de la sangre y sus derivados, de la leche materna, el semen y otros tejidos u órganos, desde la recolección hasta la utilización.
Para ese fin, todos los bancos deberán realizar, antes de utilizar los productos mencionados, las pruebas correspondientes para determinar la existencia de
hepatitis B, hepatitis C, sífilis, VIH y cualquier otra enfermedad infecto-contagiosa, según determinen las autoridades competentes de salud.

ARTÍCULO 20.- Control de los hemoderivados
Los fabricantes de hemoderivados y productos biológicos de origen humano estarán obligados a certificar que la prueba exigida por el Ministerio de Salud fue realizada, para determinar que cada donante, sus productos y la sangre empleada en el proceso no son portadores de anticuerpos contra el VIH. Además, deberán acreditar que cuentan con las instalaciones, los equipos, las materias primas y el personal adecuados para realizar dichas pruebas, sin perjuicio del cumplimiento de otro tipo de controles y normas de calidad y de cualquier otra medida requerida por el Ministerio de Salud.
El Ministerio no registrará ni autorizará el desalmacenaje de productos humanos importados hasta tanto el representante en Costa Rica de las industrias fabricantes, no haya presentado los certificados aludidos en el párrafo anterior.
Previo a la autorización del uso de los hemoderivados, el Ministerio de Salud deberá garantizar que las pruebas referidas en el párrafo primero, se realizaron a cada donante individualmente y no a productos diluidos ni homogeneizados que utilicen a varios donantes.

ARTÍCULO 21.- Prohibiciones para donar
A las personas que conozcan su condición de infectados por el VIH se les prohíbe donar sangre o sus derivados, semen, leche materna, órganos o tejidos.

ARTÍCULO 22.-Uso de sustitutos sanguíneos
Para evitar el contagio por el VIH, las instituciones competentes de salud promoverán el uso de sustitutos sanguíneos, especialmente cristaloides y coloides o el mecanismo de la transfusión autóloga, cuando sea posible.

Sección IV
Otros medios de prevención

ARTÍCULO 23.- Medidas universales de bioseguridad
Los bancos de productos humanos, los laboratorios y establecimientos de salud deberán contar con el personal, material y equipo adecuados, de conformidad con las recomendaciones sobre medidas de seguridad universales, difundidas por el Ministerio de Salud.
Los trabajadores en servicios de atención de la salud, públicos o privados, en especial los odontólogos, microbiólogos, profesionales en enfermería, médicos y todos los que practiquen procedimientos faciales y capilares, acupuntura, tatuajes o cualquier otro procedimiento, quirúrgico o invasivo, deberán acatar las disposiciones de bioseguridad del Ministerio de Salud para el uso de equipos y el manejo tanto de instrumentos como de material humano.
El Ministerio de Salud se encargará de supervisar la operación correcta de los establecimientos relacionados con las actividades mencionadas en los párrafos anteriores.

ARTÍCULO 24.- El preservativo como medio de prevención
El preservativo constituye un medio de prevención contra el contagio del VIH; consecuentemente, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, procurarán que los establecimientos brinden el acceso a los preservativos y dispongan de ellos, en lugares adecuados y condiciones óptimas y en cantidades acordes con la demanda de la población.
Dichas instituciones se encargarán, además, de fortalecer las campañas educativas sobre la conveniencia y el uso del preservativo.
Los moteles y centros de habitación ocasional que no llevan registro de huéspedes quedan obligados a entregar como mínimo dos preservativos, como parte del servicio básico.

ARTÍCULO 25.- Papel de las organizaciones no gubernamentales
Las organizaciones no gubernamentales deberán registrarse ante el Ministerio de Salud, el cual no podrá rechazar registro alguno, salvo si la organización postulante se dedicare a otras actividades ajenas a la prevención y atención de los portadores del VIH, los enfermos de Sida y las actividades relacionadas.
Las acciones que desarrollen esas organizaciones, dedicadas a prevenir y atender el VIH-Sida, podrán ser consideradas parte del Programa Nacional del Sida, según decisión del Ministerio de Salud. Sin embargo, la ausencia de dicha aprobación no implicará para el Ministerio de Salud la inexistencia de la acción desarrollada por la organización de que se trate y se incluirá en los archivos correspondientes.
Las organizaciones no gubernamentales podrán prestar el apoyo requerido por las autoridades de salud, con el fin de garantizar mejores resultados en las acciones relacionadas con la prevención y atención del VIH-Sida.

ARTÍCULO 26.- Las enfermedades de transmisión sexual
Las acciones de prevención del VIH que desarrolle el Ministerio de Salud con entidades públicas o privadas, deberán coordinarse de manera integral con los servicios y programas de prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual, por su relación e importancia como facilitadoras de la transmisión del VIH.

Capítulo II
Atención integral en salud

ARTÍCULO 27.- Obligatoriedad
Los trabajadores de la salud, públicos y privados, deben prestar apoyo y atención a los pacientes con VIH-Sida. Asimismo, están obligados a brindar la atención que requieran las personas afectadas con VIH-Sida tomando en cuenta las medidas de bioseguridad dispuestas.

ARTÍCULO 28.- Albergues de atención
El Estado podrá destinar los recursos necesarios para la creación y el fortalecimiento de albergues para la atención de los pacientes que requieran apoyo, según los lineamientos del Ministerio de Salud. El Estado está facultado para apoyar, en iguales términos, los albergues privados sin fines de lucro, que se dediquen a atender a estos pacientes.

Capítulo III
Investigación en materia de VIH-Sida

ARTÍCULO 29.- Reglas
De conformidad con las reglas vigentes en la materia, las investigaciones relativas al VIH-Sida deberán respetar las consideraciones especiales del paciente. Por esta razón, el protocolo de investigación, los médicos y científicos quedan sujetos a las disposiciones de esta ley, la Ley General de Salud y la Declaración de Helsinki, dictada por la Asociación Médica Mundial, así como cualquier otra normativa, nacional o internacional, dictada para el efecto.
Ninguna persona infectada por el VIH podrá ser objeto de experimentos, sin haber sido advertida de la condición experimental y de los riesgos, y sin que medie su consentimiento previo o el de quien legalmente esté autorizado para darlo.
En todo caso, las investigaciones científicas en seres humanos relacionadas con el VIH no serán permitidas cuando peligre la vida de las personas.

Capítulo IV
Educación y Capacitación

ARTÍCULO 30.- Papel del Estado en la educación
El Estado, por medio del Ministerio de Salud, deberá informar adecuada y oportunamente, a la población en general y particularmente a los sectores más vulnerables, sobre la problemática del VIH-Sida con datos científicos actualizados en cuanto a las formas de prevenir esta enfermedad.

ARTÍCULO 31.- La educación como instrumento preventivo
El Consejo Superior de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud, incluirá en los programas educativos temas sobre los riesgos, las consecuencias y los medios de transmisión del VIH, las formas de prevenir la infección y el respeto por los derechos humanos.
Además, gestionará, ante las universidades públicas y privadas y sus respectivas unidades académicas, que se incluyan en las carreras profesionales de las ciencias de la salud, programas de estudios relativos a la prevención y atención del VIH-Sida.

ARTÍCULO 32.- Capacitación al trabajador de la salud
Todos los centros de salud, públicos o privados, deberán facilitar a sus trabajadores capacitación adecuada acerca del manejo del VIH-Sida y de los medios e instrumentos recomendados por el Ministerio de Salud para asegurar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, y ofrecerles las condiciones y los recursos necesarios para evitar el contagio.

Capítulo V
Régimen Penitenciario

ARTÍCULO 33.- Igualdad de la atención integral en salud
Todas las personas privadas de libertad tienen el derecho de recibir la misma atención integral en salud que el resto de la comunidad, así como las medidas preventivas.
Quedan prohibidas las pruebas masivas y obligatorias sobre el VIH. La prueba voluntaria del VIH deberá estar disponible y acompañarse de una adecuada consejería antes de la prueba y después de ella.

ARTÍCULO 34.- Medidas preventivas en las cárceles
El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, tendrá la responsabilidad de definir y llevar a la práctica las políticas y actividades educativas, tendientes a disminuir el riesgo de la transmisión del VIH tanto para las personas privadas de libertad como para su pareja sexual y los funcionarios penitenciarios.

ARTÍCULO 35.- Disponibilidad de preservativos
El Ministerio de Justicia, en coordinación con el sector salud, dispondrá y facilitará preservativos para las personas privadas de libertad durante todo el período de su detención.

ARTÍCULO 36.- Atención especializada en salud
Las personas privadas de libertad que requieran atención sanitaria especializada debido a complicaciones causadas por la infección con el VIH y no puedan ser atendidas en el centro de reclusión, deberán recibir tratamiento ambulatorio, internamiento hospitalario o el que se necesite.

ARTÍCULO 37.- Cuidado del menor institucionalizado
El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia, deberá desarrollar programas educativos acerca de salud para atender las necesidades especiales de los menores institucionalizados, con el fin de introducir actitudes y comportamientos adecuados que eviten la transmisión de infecciones, en especial del VIH o enfermedades de transmisión sexual.
Las decisiones relacionadas con la notificación a los padres u otra persona responsable acerca del estado de esos menores infectados por el VIH, el consentimiento para tratarlos y cualquier otro tipo de intervención, deben ser tomados en la misma forma que para el resto de la sociedad, atendiendo especialmente el principio del respeto del interés supremo de la infancia; todo de conformidad con la presente ley y la Convención de los Derechos del Niño.
El Patronato Nacional de la Infancia, en coordinación con el Departamento Nacional de Control del Sida, deberá diseñar y ejecutar programas educativos y de prevención de enfermedades infecto-contagiosas, dirigidos a menores trabajadores de la calle.

ARTÍCULO 38.- Prohibición del aislamiento
Prohíbese la segregación, el aislamiento y las restricciones a las actividades laborales, deportivas, recreativas y de cualquier otra índole, en perjuicio de las personas privadas de libertad e infectadas por el VIH.
Solamente se exceptúan de lo estipulado en el párrafo anterior, los siguientes supuestos:
a) Cuando la convivencia con otras personas privadas de libertad arriesgue la salud del paciente, siempre que medie el consentimiento del afectado.
b) Cuando la persona privada de libertad haya sido amenazada por actos de abuso físico o sexual por parte de otros presos, o cuando estos la traten de manera discriminatoria o degradante, siempre que medie el consentimiento del afectado.
c) Cuando se trate de una persona privada de libertad que deliberadamente intente infectar con el VIH a otros sujetos, se le aplicará una medida de aislamiento, sin perjuicio de aplicar otro tipo de medidas cautelares.

ARTÍCULO 39.- Ejecución de la pena
Las personas privadas de libertad, en el estado terminal del Sida, podrán ser valoradas por el juez ejecutor de la pena para los efectos de los artículos 491 y 492 del Código Procesal Penal.

ARTÍCULO 40.- Reclamación por agravios
De conformidad con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, las personas privadas de libertad tienen el derecho de denunciar todo tratamiento que incumpla las disposiciones de esta ley. La denuncia podrá presentarse ante las instancias penitenciarias competentes, los organismos nacionales e internacionales o la Defensoría de los Habitantes de la República.

Título IV
Infracciones y Sanciones

Capítulo I
Delitos contra la salud por contagio eventual del VIH

ARTÍCULO 41.- Actuación dolosa del trabajador de la salud
Se impondrá prisión de tres a ocho años al trabajador de la salud, público o privado que, conociendo que el producto por transfundir o transplantar o el artículo por utilizar están infectados por el VIH, lo utilice en una persona a sabiendas de los riesgos y admita como probable el resultado de infección.
La pena será de doce a veinte años de prisión si, como resultado de la transfusión, el transplante, el suministro o la utilización de un artículo, algunas personas resultaren infectadas por el VIH-Sida.
Las mismas penas se impondrán a los trabajadores de la salud, públicos o privados, que conozcan los riesgos y admitan como probable el resultado de sus actos, así como a quienes faciliten alguna de las actividades anteriores.

ARTÍCULO 42.- Actuación culposa del trabajador de la salud
Se impondrá de uno a tres años de prisión al trabajador de la salud, público o privado que, por impericia, imprudencia o negligencia realice una transfusión de sangre o sus hemoderivados, transplante órganos o tejidos, suministre semen, leche materna o utilice un objeto invasivo, de punción o cortante, infectado por el VIH.
La pena será de cuatro a diez años de prisión si, como resultado de la conducta descrita en el párrafo anterior, se infectare alguna persona.
Las mismas penas se aplicarán a las personas que, con impericia, imprudencia o negligencia, faciliten alguna de las actividades anteriores.

ARTÍCULO 43.- Violación de la confidencialidad y comercialización de productos humanos
Se impondrá prisión de seis meses a tres años al trabajador de la salud, público o privado, o al que tenga restricción por el secreto profesional que, a sabiendas de que un paciente está infectado por el VIH, sin su consentimiento, de mala fe y sin justa causa de conformidad con esta ley, facilite información, se refiera pública o privadamente a la infección o la comunique a otra persona.
La misma pena se aplicará al trabajador de la salud, público o privado, que ofrezca dinero a un donante de sangre, leche materna, semen, tejidos y otros productos humanos, como compensación.

ARTÍCULO 44.- Negativa a brindar atención
Se impondrá prisión de uno a tres años al trabajador de la salud, público o privado, o al encargado de la institución que se niegue, omita o retarde la atención sanitaria a una persona infectada por el VIH, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrir.
Si de esta negativa resultare un daño a la salud de la persona ofendida, la pena será de tres a ocho años de prisión.

ARTÍCULO 45.- Inhabilitación por conducta dolosa o culposa
Cuando el trabajador de la salud incurra en alguna de las conductas descritas en los cuatro artículos anteriores, el juez podrá imponer, de oficio, además de las penas consignadas en cada caso, la inhabilitación absoluta o especial, de acuerdo con la gravedad del hecho y dentro de los límites establecidos en el Código Penal.

Capítulo II
Contravenciones

ARTÍCULO 46.- Negativa a comunicar
Se impondrá una multa de uno a tres salarios base del puesto de oficinista 1 del Poder Judicial a las personas que, de acuerdo con el artículo 18 de esta ley y para fines epidemiológicos, estén obligadas a reportar al Ministerio de Salud, los resultados de la infección por el VIH y no lo hagan.

ARTÍCULO 47.- Solicitud ilegal de la prueba
Se impondrá una multa de cinco a quince salarios base correspondientes al puesto de oficinista 1 del Poder Judicial al patrono, médico de empresa o encargado de un centro educativo, público o privado, que solicite u obligue a un empleado, una persona por contratar o un estudiante que quiera ingresar o permanecer en un centro educativo, a realizarse el examen diagnóstico de infección por el VIH, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrir.

ARTÍCULO 48.- Discriminación
Quien aplique, disponga o practique medidas discriminatorias por raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica, estado civil o por algún padecimiento de salud o enfermedad, será sancionado con pena de veinte a sesenta días multa.
El juez podrá imponer, además, la pena de inhabilitación que corresponda, de quince a sesenta días.

ARTÍCULO 49.- Monto de las multas
Los montos que se recauden por concepto de multas de conformidad con la aplicación de sanciones según esta ley, serán destinados a la caja única del Estado, y deberán emplearse para cumplir con las responsabilidades que impone la presente ley al Ministerio de Salud, aplicando estrictamente las normas de vigilancia de la Contraloría General de la República.

Capítulo III
Sanciones Administrativas

ARTÍCULO 50.- Incumplimiento de las medidas universales de bioseguridad
El Ministerio de Salud apercibirá, mediante una orden sanitaria escrita, a los establecimientos de servicios de salud, públicos o privados, y a quienes practiquen la acupuntura, los tatuajes, los servicios estéticos o cualquier otro procedimiento quirúrgico o invasivo, sin contar con el material, el equipo, las normas y la capacitación dispuestos por este para prevenir y atender el VIH. Ante el reiterado incumplimiento injustificado de la respectiva orden sanitaria, se ordenará la clausura del establecimiento.

Título V
Disposiciones Finales

Capítulo Único

ARTÍCULO 51.- Reformas del Código Penal
Refórmanse el artículo 262 del Código Penal, Ley No. 4573, de 4 de mayo de 1970; además se le adiciona al artículo 81 bis un nuevo inciso d). Los textos dirán:

"Artículo 262.- Propagación de enfermedades infecto-contagiosas
Se impondrá prisión de tres a dieciséis años a quien conociendo que está infectado con alguna enfermedad infecto-contagiosa que implica grave riesgo para la vida, la integridad física o la salud, infecte a otra persona, en las siguientes circunstancias:
a) Donando sangre o sus derivados, semen, leche materna, tejidos u órganos.
b) Manteniendo relaciones sexuales con otra persona sin informarle de la condición de infectado.
c) Utilizando un objeto invasivo, cortante o de punción que haya usado previamente en él."

"Artículo 81 bis.- Son delitos de acción pública y perseguibles solo a instancia privada:

(...)
d) Los delitos contemplados en la Ley General del VIH-Sida."

ARTÍCULO 52.- Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, dentro del término de seis meses contados a partir de su publicación.

ARTÍCULO 53.- Supletoriedad
Para todo lo no dispuesto en esta ley, tendrá valor supletorio la Ley General de Salud, No. 5395, de 30 de octubre de 1973.

Esta ley rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los veinte días del mes de abril de mil novecientos noventa ocho.

Comunícase al Poder Ejecutivo

Saúl Weisleder Weisleder
PRESIDENTE

Mario Álvarez González José Luis Velásquez Acuña
PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los veintinueve días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho.

Ejecútese y Publíquese

JOSÉ MARÍA FIGUERES OLSEN

El Ministro del Salud,
Dr. Herman Weinstock W.

Revisada al 18-7-99. GV.-

Sanción 29-4-98

Publicación y rige 20-5-98